Los Tribunales de Vecindad, en el limbo parlamentario

La leyenda «No sancionado» figura en el estado de cada proyecto de ley que el buscador de la Legislatura porteña arroja cuando usamos los criterios Tribunales Vecinales, Tribunales Vecindad y Justicia Vecinal. La primera propuesta fue presentada el 7 de abril de 1998 a nombre de «Cristian Caram y otros» y la más reciente, de María Rosa Muiños, el 18 de octubre de 2016. A juzgar por el tiempo transcurrido, a nuestros diputados les preocupa poco el quinto punto de la 12ª cláusula de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en octubre de 1996.

Es una pena porque la Carta Magna local establece que «la Legislatura creará los Tribunales de Vecindad en cada Comuna», para que intervengan «en materias de vecindad, medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones civiles y comerciales hasta el monto que la ley establezca, prevención en materia de violencia familiar y protección de personas». La idea es que los jueces a cargo impartan justicia a pequeña escala o, en otras palabras, resuelvan conflictos tan dramáticos para quienes los padecen como irrelevantes para los tecnócratas del Ministerio Público Fiscal porteño y de los tribunales nacionales.

Si los Tribunales de la Vecindad existieran, tal vez la búsqueda de nuestra familia ya habría terminado. Quizás no habríamos tenido que lidiar con el Ministerio Público Fiscal de la CABA, ni someternos a la Ley de Mediación Pre-judicial, ni iniciar una demanda por daños y perjuicios que tramitará en el fuero civil nacional durante un lustro por lo menos.

En diálogo con Agustina Cavalanti de El Barrio Pueyrredón, Muiños contó en mayo pasado que su proyecto de ley «perdió estado parlamentario porque el oficialismo no tuvo voluntad de tratarlo». La diputada descartó «un problema de recursos» pues la Ciudad de Buenos Aires «cuenta con el presupuesto más alto del país»; en cambio sostuvo que el Poder Ejecutivo porteño «desconoce a las Comunas, a las Juntas Comunales y todo proceso de descentralización».

En el quinto punto de su 12ª cláusula, la Constitución de la CABA también establece que el funcionamiento de los Tribunales de Vecindad «queda sujeto al acuerdo que el Jefe de Gobierno celebrará con el Gobierno Nacional, con el objeto de transferir las competencias y partidas presupuestarias que correspondan». La Ciudad de Buenos Aires no puede avanzar en este sentido si su Legislatura sigue archivando proyectos como aquéllos presentados en el transcurso de 18 años.

Según le dijo Muiños a El Barrio Pueyrredón, su propuesta «intenta mejorar la administración general de Justicia local y prevé un procedimiento simple, que sirve para descongestionar las instancias jurisdiccionales existentes».  Entre otras cuestiones, «establece el predominio de las instancias de oralidad para dar mayor celeridad a los reclamos, al determinar la instancia mediante audiencia única».

El proyecto de esta diputada por el Frente de Todos fue archivado el 4 de mayo de 2018, un día después de que corriera idéntica suerte el proyecto que Paula Oliveto presentó en marzo de 2016, en representación de la Coalición Cívica. Por si hiciera falta, resaltamos: una legisladora alineada con el oficialismo porteño tampoco consiguió el consenso necesario para tratar y eventualmente sancionar la creación de los Tribunales de Vecindad.

En una suerte de realidad paralela, el Poder Judicial capitalino anuncia en su portal que, a partir de la sanción de la Ley de Comunas en 2005, «quedó allanado el camino para la creación de los Tribunales de Vecindad», y menciona dos proyectos elaborados en el ámbito del Consejo de la Magistratura local: uno destinado «a la organización de esta justicia» y otro «referido a las reglas de tramitación que deberían guiar el procedimiento». Sin embargo, las propuestas presentadas el 27 de noviembre de 2014 también fueron archivadas (su último movimiento legislativo data del 11 de julio de 2016).

Debemos ser muy pocos los porteños que conocemos el punto 5 de la 12ª cláusula de la Constitución de la CABA, y que reconocemos las ventajas de la Justicia a escala vecinal. En caso contrario, hace tiempo habríamos obtenido la visibilidad mediática necesaria para reclamar con éxito la sanción de alguno de los proyectos legislativos concebidos entre fines de los ’90 y mediados de la década 2010′. Desde esta perspectiva resulta evidente la relación entre limbo parlamentario e ignorancia ciudadana.

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