“Múdense”

“Váyanse”… Nuestros vecinos de abajo habrán pronunciado/vociferado ¿tres, cuatro, cinco? veces el imperativo ante nuestros reclamos en nombre de una convivencia respetuosa. Desde su punto de vista, nosotros, los recién llegados, debíamos volver a mudarnos si no acatábamos el modus vivendi que ellos impusieron hace años en el PH donde desembarcamos el 20 de diciembre de 2018.

La orden no sorprende en boca de compatriotas que desconocen al prójimo, y que confunden sus derechos como propietarios de un departamento con los privilegios que los patrones de estancia se han arrogado históricamente en nuestro país. En cambio sí sorprende escuchar la misma solución en boca de al menos tres actores judiciales, eso sí, en plan de recomendación… a veces categórica (“Múdense), a veces delicada (“¿Pensaron en mudarse?”; “Quizás les convenga mudarse”; “Les va a salir más caro demandar a sus vecinos que vender su departamento, comprar otro y volver a instalarse”).

En otras palabras, la misma Justicia –con perdón de la personificación– desestima su intervención en conflictos con ciudadanos que transgreden sistemáticamente normas de un Reglamento de Copropiedad, artículos de los Códigos Contravencional y de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y artículos de la Ley de Propiedad Horizontal. De esta manera, valida el escepticismo social señalado por algunas encuestas (ésta figura entre las más recientes) y estimula la impunidad experimentada por infractores seriales como nuestros vecinos.

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