Subestimación mediática

Noticias como aquélla que Página/12 publicó el 4 de septiembre de 2020 suelen ocupar un espacio chiquito en nuestros medios periodísticos… cuando éstos las cubren. Sin embargo la incapacidad del Estado -nacional, provincial, porteño- para prevenir asesinatos entre convivientes o vecinos seguro figura entre las razones por las cuales la mayoría de los argentinos descreemos de nuestra Justicia.

Nuestra prensa también ignoró o les prestó poca atención a los informes que la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó en 2011, 2012 y 2013 sobre violencia homicida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata y en municipios del primer, segundo y parte del tercer cordón del conurbano bonaerense. Según el último relevamiento, el 40% de los homicidios dolosos se origina en alguna riña entre conocidos y el 64% ocurre en el transcurso del fin de semana.

Lamentablemente la iniciativa impulsada por Raúl Zaffaroni se suspendió tras su partida de la CSJN. Desde entonces desconocemos la evolución de esas estadísticas para nada desdeñables, pero algunos ciudadanos recordamos la observación del penalista sobre la necesidad de crear y/o empoderar instancias de intervención estatal con el fin de interrumpir cada crescendo de violencia que podría cobrarse alguna víctima fatal.

En la Ciudad de Buenos Aires, el verbo empoderar les conviene a dos instancias deficientes por donde se las mire: las mediaciones que el gobierno porteño ofrece en sedes comunales y de manera online, y la atención del Ministerio Público Fiscal que Juan Bautista Mahiques encabeza desde octubre de 2019. Ante la consulta sobre dónde reclamar algún tipo de intervención estatal contra vecinos más que molestos –es decir, ejecutores y propaladores de conductas ofensivas–, la Policía de la CABA recomienda comenzar con la mediación y, si ésta fracasa, presentar una denuncia formal ante el MPF porteño.

El 9 de septiembre de 2019 escuchamos esta recomendación en boca de un agente de la comisaría de la Comuna 12; el 7 de octubre y el 5 de noviembre de ese mismo año participamos de una mediación comunitaria infructuosa. El 26 de marzo de 2020 comenzó la serie de interacciones estériles y desgastantes, por momentos desopilantes, con el Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal Norte y con un relator de la Fiscalía Nº 8.

Al menos décadas atrás, la imagen de un hombre que muerde a un perro (“y no al revés” se aclaraba enseguida) solía acompañar los intentos académicos por definir el sustantivo Noticia. Con este recurso pedagógico, se buscaba dejar en claro que la prensa se interesa menos por las reglas, los hábitos, las convenciones que por las excepciones, las transgresiones, las rupturas, las innovaciones.

Desde este punto de vista, resulta lógico que Página/12 le haya dedicado pocas líneas a un caso que ilustra la típica inacción del Estado -en este caso porteño- en materia de seguridad preventiva. En nuestra opinión, es una pena que el diario no haya investigado qué sucedió con las denuncias que los vecinos de Cullen al 5300 presentaron antes de la agresión fatal.

En base a nuestra experiencia, podemos imaginar al menos cinco escenarios:

1️⃣ Los vecinos llamaron al 911 pero los agentes que acudieron al lugar no hicieron nada porque, cuando llegaron, el denunciado ya se había serenado.

2️⃣ Cuando llegaron, los agentes de policía calmaron al denunciado y, como éste se serenó, no tomaron otras medidas.

3️⃣ Los agentes de policía labraron un acta contravencional, que fue derivada al Ministerio Público Fiscal, pero la denuncia correspondiente se traspapeló.

4️⃣ Los vecinos presentaron grabaciones o filmaciones del denunciado mientras prepoteaba pero los agentes de policía les dijeron (o, si la denuncia prosperó, desde la Fiscalía se les dijo) que hacían falta testigos que acreditaran la legitimidad de ese material.

5️⃣ Los vecinos presentaron una o varias denuncias formales ante el Ministerio Público Fiscal. Éste la(s) identificó con un número asignado por el “sistema KIWI“, la(s) envió a la Unidad Fiscal Norte y el o la fiscal de turno la(s) archivó.

Si el Estado porteño hubiera atendido estas denuncias correctamente, es decir, con sentido de prevención, quizás Mabel Amore seguiría viva y su hijo se encontraría bajo tratamiento psiquiátrico y/o sometido a alguna sanción judicial. Por otra parte, si los medios masivos se ocuparan de visibilizar la costumbre de sub/des_estimar denuncias contra vecinos agresivos, tal vez más argentinos reconocerían otro tipo de inseguridad además de la versión esquemática que nuestro periodismo impone hace años en la agenda pública.

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